que tienen grandes ganancias, que tienen que invertir, y por otro lado agrega conceptos a las tarifas que son aumentos encubiertos, con la excusa de que serán usados para inversiones, que no sabemos si así será pero lo que sí queda claro es que salen del bolsillo de los ciudadanos y no de las empresas.Pero ahora es la misma Auditoría General de la Nación la que reclama porque el gobierno estaría desviando fondos destinados a obras públicas para subsidiar al transporte.
El secretario de transporte Ricardo Jaime declaró que todo se hace en forma legal, pero sería interesante que se lo aclarara a la AGN y no a los diarios. Por otro lado, sucede que muchas veces, para que todo sea legal, el Congreso con mayoría kirchnerista delega sus facultades en el Ejecutivo confiriéndole determinados poderes que recuerdan a los '90 que Kirchner exteriormente ataca.
En definitiva las empresas de transporte son empresas de servicios públicos, y la necesidad de inversión es fundamental. Pero las obras públicas también son necesarias para que estos servicios tengan una infraestructura para poder funcionar, como obras de vialidad, de distribución de energía, de alumbrado público, etc. Entonces, si bien es importante evitar aumentos en las tarifas de transportes, con este desvío de fondos se corre el riesgo de ayudar por un lado y perjudicar por el otro, con el agregado de frenar los planes de obras públicas que son generadores de empleo. Y en cuanto a las cuentas públicas es grave que los fondos que tienen un determinado destino se terminen asignando a otros, y cuando están en un fondo fiduciario hacen más difícil su control. Sin contar la maraña de subsidios, compensaciones a los subsidios, compensación de la compensación que parece un castillo de cartas que pobre del que quiera sacar una sola...
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